Corrupción. Cui prodest?

Cui prodest? (¿Quién se beneficia?) es una locución latina que en el derecho romano era considerada un principio básico para averiguar al culpable de un acto delictivo y que Cicerón empleó profusamente. Aunque de manera instintiva todos la usamos para nuestros asuntos privados, el poder de la ideología dominante nos incapacita para usarla igual de efectivamente en los asuntos sociales y políticos, que nos afectan como colectivo. Somos astutos zorros para averiguar las triquiñuelas del vecino del quinto y de nuestra suegra, pero cándidos corderitos para desmontar las argucias de quienes nos gobiernan. Esto se debe a que es menos conflictivo para nuestra mente creer las mentiras de alguien que tiene de su parte la fuerza de la coacción. Una mujer maltratada suele llegar a creer que en verdad ella es merecedora del maltrato. Un ciudadano amenazado y vigilado por la policía y los jueces llega a creer que en verdad disfruta de gran libertad.
Me ha parecido que puede ser interesante analizar de vez en cuando en este blog algunas de estas mentiras utilizando la sencilla y eficaz herramienta del Cui prodest? y hoy voy a tratar de desmontar la mentira de que la corrupción es un mal no deseado en las actuales "democracias occidentales."
Primero, definamos corrupción. Para el tema que aquí queremos tratar nos limitaremos a circunscribir la corrupción a los casos más graves y típicos. La corrupción ocurre cuando una o varias personas se apropian voluntaria e ilegítimamente de bienes públicos.
Segundo, describamos un aspecto esencial de las llamadas "democracias occidentales" actuales. En sintonía con los principios del neoliberalismo, se da la tendencia a despojar al Estado de poder y recursos y transferir éstos a entidades privadas. La política de privatización progresiva de todos los ámbitos que antes eran estatales (transportes, telecomunicaciones, energía, educación, sanidad, seguridad...) es la prueba incontrovertible de esta tendencia, por otra parte explicitamente establecida en el ideario político del neoliberalismo.
Así pues, tenemos que la tendencia política actual es transferir recursos públicos a manos privadas y que la corrupción consiste en la transferencia ilegítima de recursos públicos a manos privadas.
Según esto ¿a quién beneficia la corrupción? El ciudadano contesta que al personaje que se ha enriquecido con ella, y ciertamente, así es. Pero vemos que quien sale beneficiado no de tal o cual caso de corrupción concreto, sino de la corrupción generalizada es el propio sistema neoliberal. Gracias a las privatizaciones "legales" una cantidad inmensa de recursos públicos pasan a manos privadas. Pero también gracias a los incontables casos de corrupción.
Hay que tener en cuenta que robar dinero de la tesorería para pagarse un yate no es un caso significativo de corrupción. Los casos de Roldán, Juan Guerra, Jesús Gil o Julián Muñoz son muy célebres y sirven para que la gente piense que la corrupción es perseguida y castigada. Pero esos casos son cuantitativamente insignificantes y constituyen puro folclore.

La inmensa mayoría de la corrupción discurre mediante cauces perfectamente legales y existe virtualmente en todos los niveles de la Administración Pública, desde los locales a los estatales y europeos. Allá donde hay una entidad pública con dotación presupuestaria hay un mecanismo de corrupción -la mayoría de las veces legal- que transfiere ilegítimamente dinero público a manos privadas -generalmente, bancos y grandes empresas.

Con un ejemplo prototípico se verá la diferencia entre transferencia de dinero ilegítima y transferencia ilegal y cómo en ambos casos se trata igualmente de corrupción.
Un ayuntamiento de 4000 habitantes decide construir una autovía de seis carriles que lo una con el pueblo vecino, de 10.000 habitantes. La autovía incluirá un túnel y varios pasos elevados, así como el desvío de un ríachuelo para permitir ahorrar tiempo en los desplazamientos entre ambos pueblos. La obra es a todas luces innecesaria: a algunos ecologistas les parece agresiva con el entorno pero la mayoría del pueblo la ve como un progreso: quizá no sea una obra imprescindible, pero nunca vienen mal cuatro carriles más y acortar el trayecto.
Así que el Ayuntamiento saca a concurso la obra.
-Si se la adjudica a una empresa, no porque su oferta sea la mejor, sino porque el dueño es amiguete y a cambio le da una buena comisión al alcalde o a su partido, por ejemplo, estaríamos ante un caso de corrupción ciertamente ilegítima, aunque también ilegal. En teoría podría ser denunciado y en teoría podría ser juzgado y castigado. Y de hecho, en algunas ocasiones, por circunstancias que no interesan ahora, ocurre así.
-Si se la adjudica a la empresa que ofrece un mejor proyecto, seguiríamos estando ante un caso de corrupción, pues se trata de una actuación, esta vez no ilegal, pero sí ilegítima, puesto que el hecho fundamental es que en ambos casos se ha esquilmado la tesorería del Ayuntamiento para costear una obra que no es necesaria. Los vecinos tendrán algo innecesario y que no han pedido; una cuadrilla de obreros tendrá un puesto de trabajo peligroso y mal pagado durante un par de años; y el empresario habrá conseguido apropiarse de una inmensa suma de dinero que faltará para ser dedicada a cubrir las auténticas necesidades de los vecinos, mucho más perentóreas pero menos rentables para la empresa.
Con esta herramienta conceptual ahora podemos entender el porqué de macroproyectos tan absurdos y aparentemente ruinosos como la reciente Expo de Zaragoza o el AVE.
En resumidas cuentas: no es que los gestores de los bienes públicos sean tontos o derrochones: es que se dejan robar porque es para eso para lo que están. En un estado neoliberal típico, los cargos electos sirven para abrir la tesorería pública a los bancos y a las grandes empresas. Luego deben dar explicaciones a los ciudadanos de por qué no queda dinero para gastos sociales.
Así pues, la corrupción en los estados neoliberales no es un mal, ni tampoco un hecho aislado . Al contrario, es un elemento sistémico: el estado liberal necesita la corrupción para desvíar continuamente dinero público -y que en teoría tendría que emplearse en gasto social- a manos privadas. Gracias a la corrupción sistémica, los impuestos, en vez de ir a parar directamente a la nobleza o al clero como antaño, van a parar a las empresas y a los bancos, pero con la diligente mediación del Estado, que trabaja por y para ellos.