Victorino Alonso y las subvenciones públicas.

Esta mañana, en la ya vieja entrada de este blog en la que se echaba mano del caso Victorino Alonso para ejemplificar la casi identidad entre gran empresa y mafia, ha aparecido el interesante comentario de un anónimo acerca de cómo las empresas de nuestro emprendedor leonés obtienen fraudulentamente subvenciones públicas. El chanchullo es tan elemental que resulta difícil no pensar en una connivencia de los responsables de administrar nuestros impuestos. Dado lo bien informado que parece estar el anónimo comentarista, lo plausible de los datos que ofrece y lo ilustrativo que resulta para comprender cómo funcionan las cloacas del capitalismo, -esas por las que se deja escapar el dinero de todos para el lucro de unos pocos- reproduzco aquí literalmente su comentario:

Las empresas mineras Coto Minero Cantábrico, S.A. y Unión Minera del Norte, S.A. reciben más de 140 millones de euros anuales de ayudas al funcionamiento. Más del 80% de su producción proviene de explotaciones a cielo abierto que no generan pérdidas, por lo que en el conjunto de la actividad minera las ayudas son superiores a los resultados negativos El procedimiento del fraude es el siguiente: las cuentas de estas empresas se cuadran cada año de manera que las ayudas sean igual que las pérdidas, para cumplir las condiciones impuestas por la legislación comunitaria y nacional al respecto y poder recibir subvenciones. Para ello, el conjunto de empresas auxiliares propiedad del mismo accionista, como NORFESA, PATRASA y OBRICOSA, que proporcionan servicios y suministros a las dos principales generan facturas por las cantidades suficientes, al margen de cuales hayan sido las reales. Adicionalmente, las empresas mineras adquieren maquinaria cuyo uso es común en obra pública y minería como retroexcavadoras, dúmperes, bulldozers, camiones, niveladoras, cargadoras o equipos de avance de túneles, que contablemente están en sus inmovilizados y físicamente están trabajando en las empresas de obra pública y servicios propiedad del mismo accionista como FERPI, S.A. y Peninsular de Contratas, S.A., de manera que la amortización de esas máquinas se vuelve a contabilizar como coste de explotación de la empresa minera para justificar las subvenciones recibidas. La Administración Central, responsable del pago de ayudas, no comprueba la verdadera existencia en las minas de las máquinas que las empresas mineras adquirieron y cuya amortización subvencionan, porque no tiene competencias en materia de operación minera. Tampoco comprueba las unidades de obra o los precios unitarios de los servicios y suministros facturados por las empresas del mismo accionista, es suficiente con que una empresa de auditoría certifique que los apuntes contables están bien hechos, para que esos costes sean susceptibles de ser subvencionados. Las Administraciones Autonómicas, competentes en materia de operación minera, no lo son en materia de ayudas al funcionamiento, por lo que no analizan si los costes de producción son reales o si los equipos que la empresa minera está amortizando están efectivamente en operación minera. La mitad de los ingresos de las empresas mineras proviene de la venta de carbón a las centrales térmicas. En 2005 estas empresas vendieron a 48 €/t. En 2007, debido a la subida del carbón internacional los 4 millones de toneladas suministrados a centrales fueron vendidos a 88 €/t. Aunque los ingresos aumentaron casi al doble por este concepto, se aumentaron fraudulentamente al doble los costes de explotación y se recibieron las mismas ayudas que cuando se ingresaba la mitad por la venta del carbón. El accionista común de las empresas mineras, de obra pública y de servicios y suministros a la minería documenta de esa forma pérdidas en las empresas mineras y aplica las ayudas a fines para los que no fueron otorgadas. El importe total del fraude supera la cantidad de 100 millones de euros anuales.