Otro "Proceso" de Kafka.

El enaltecimiento del terrorismo se contempla como delito tipificado en el Artículo 578 del Código Penal español desde el 2000. Con anterioridad a esta fecha y, a pesar de nuestra endeble transición política, no se concebía que pudiese encarcelarse a nadie por un mero delito de opinión. Algunas libertades sexuales, la pantomima de los sobrecitos en las urnas cada cuatro años y ese derecho a expresar la opinión eran las pequeñas diferencias que justificaban llamar a aquello democracia y a lo de antes dictadura.
Desde hace unos años, y con la excelente excusa del terrorismo, hay ciudadanos que ya no pueden echar sobrecitos en las urnas. Y hay otros que se enfrentan a penas de cárcel por opinar.
Ya no vale la máxima de que se encarcela a una persona por sus actos y no por sus ideas. En efecto, el enaltecimiento del terrorismo y/o "el descrédito, menosprecio o humillación" de las víctimas, conlleva una pena de prisión de entre uno y dos años. La ley, por supuesto, es perfectamente ambigua: no se define qué se entiende por "terrorismo", qué por "enaltecimiento", etc. Esto, lógicamente, no se debe a la impericia de los legisladores: la ambigüedad es lo que permite aplicarla solo cuando políticamente interese. A nadie se le escapa que esta ley ha sido redactada "a medida" para ser aplicada a los movimientos independentistas vascos -lo cual no quiere decir que no sea una buena herramienta para, en caso de "necesidad de Estado", ser aplicada a cualquiera. Si interesa, uno puede ir a la cárcel por decir "¡Hala, Madrid!" En efecto, si yo soy una jueza al servicio de los intereses del Estado, y se me pide que encarcele a ese individuo, solo tendré que aludir a la vinculación de esa consigna con los grupos de hinchas del Real Madrid, y a la de algunos de éstos con bandas neonazis, que según el Art. 577 pueden ser consideradas como terroristas.

En la teoría, este artículo vulnera uno de los pilares no ya de la Constitución, sino de la Carta de Derechos Humanos. Pero en la práctica de hoy, ya se ha convertido en el medio represivo más eficaz contra todos aquellos elementos a los que es imposible relacionar con ningún delito pero que es necesario acallar y reprimir de manera ejemplificante. Basta admitir a trámite una denuncia de cualquier sindicato minoritario o asociación para quitar de en medio a personajes molestos por la razón que sea.

Uno de los casos más pintorescos de aplicación del Art. 578 es el del hermano del actual Secretario General del PSOE de Canarias y por entonces Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Carlos Aguilar, dibujante, en una página de internet calificó al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como "infame tarado de la Asociación de Venganza Talibán." La AVT pidió que se aplicase el Art. 578. Hay que reconocer que, una vez admitido como válido semejante artículo, la demanda de la AVT parece fundada. ¿Acaso no es la frase del hermano del ex-ministro un descrédito, humillación y menosprecio de una víctima y, además, del máximo representante de una asociación de ellas? Sin embargo, en este ocasión, el juez Pedraz interpretó que, en todo caso, se trataba de un delito normal y corriente de injurias y que tenía que ser visto por la jurisdicción ordinaria, no por la Audiencia Nacional.
Estos días el art. 578 vuelve a estar de actualidad, pues el dirigente del partido político ilegalizado Batasuna, Arnaldo Otegi, y otros acusados se enfrentan a penas de prisión tras la admisión a trámite de una denuncia interpuesta por el Foro de Ermua a causa de un mitín en el velódromo de Anoeta, en San Sebastián. Además de otros delitos, Otegi es acusado de enaltecer el terrorismo en ese mitín. No viene mal recordar que en ese acto, Otegi expuso un plan para el final de la violencia basado en el diálogo. Con independencia de lo que cada uno opine sobre el independentismo vasco, o de cómo le caiga Otegi, o de si cree que se trata de una propuesta-trampa, etc. un ejercicio de racionalidad mínima exigiría leer atentamente el texto del discurso de Otegi y buscar en él ese enaltecimiento del terrorismo del que es acusado. Ante la imposibilidad de encontrarlo en el discurso, la acusación aporta la prueba de que, durante el mitín, se emitió un vídeo en el que aparecían imágenes de presos de ETA, detenciones de presuntos terroristas, y de pintadas a favor de ETA en las calles. Yo no he visto ese documental, pero cualquier telediario muestra esas mismas imágenes todos los días y nadie considera que ello sea enaltecimiento del terrorismo.
Vale la pena ahora comparar los dos casos, el de Carlos López Aguilar, acusado por un más que evidente delito contra el Art. 578, pero absuelto, y el de Otegi, contra el que díficilmente puede encontrarse prueba alguna, al menos en ese célebre mitin de Anoeta. ¿Qué interpretación de la ley permite esto? La respuesta nos la ofrece el propio juez Pedraz. Cojo este texto de la agencia Europa Press:

"Según Pedraz, las expresiones contra una víctima del terrorismo o contra la asociación que las agrupa sólo podrán considerarse enaltecimiento cuando las realicen personas encuadradas orgánicamente en dichos grupos terroristas o que, sin pertenecer a ellos, compartan sus fines; "pero no en los supuestos en que personas particulares, en uso de su libertad y de sus derechos fundamentales, expresen, escriban o digan algo que se pueda entender como injurioso o calumnioso, porque en estos supuestos la vía prevenida (...) es la jurisdicción ordinaria."

Esto no quiere decir sino que, si Carlos López Aguilar estuviese a favor de la independencia de Euskadi, -éste se supone que es el fin de ETA- sería un delincuente. Pero al no ser éste el caso, puede humillar a las víctimas todo lo que le dé la gana: no pasará en todo caso de un pequeño delito civil. Ello supone vulnerar claramente el principio constitucional de que no puede discriminarse a nadie por razón de su ideología.
El criterio de Pedraz en el caso de Otegi se lleva al extremo, pues parece que compartir la ideología de la independencia de Euskadi es motivo suficiente para aplicar el art. 578 sin unas mínimas pruebas.

Apelo a la racionalidad para comprender que el manifestar cualquier tipo de adhesión a una persona o idea, no puede ser nunca un delito penal. Admitir esta barbaridad supone el fin de la libertad de expresión.

Este clima político de laxitud ética propicia que personajes como la jueza Ángela Murillo sean los encargados de juzgar estos delitos. La actitud, palabras y gestos de la jueza no solo nos permiten entrever que la imparcialidad y el distanciamiento que deben presuponerse a un juez brillan por su ausencia sino que su formación técnica y humana parece alarmantemente deficitaria. ¿Cómo es posible que gente así llegue a juez? No hablo ya de venalidad, de parcialidad... Es que aquí hasta las formas son horrorosas: algunas escenas del juicio transmitidas por TV parecen sacadas de Gran Hermano. Si la sociedad española no estuviese anestesiada o reprogramada se escandalizaría ante los gestos, actitudes y razones de esta jueza-Torrente que aun resulta más lamentable en contraste con la correción y profesionalidad de la defensa de los supuestos bárbaros asesinos.

El GRAPO Israel Torralba desafía al tribunal que le juzga y tilda de "delincuente nazi" a la jueza

No es mi intención hablar aquí de la trayectoria política de Otegi, que puede compartirse o detestarse. Ni siquiera de la encrucijada del conflicto vasco. Me limito a expresar mi vergüenza por la actitud de esta jueza de la Audiencia Nacional y mi temor por el hecho de que a Otegi no se le juzga por ningún delito de sangre, estragos o siquiera pertenencia a banda armada y de que, en cualquier momento, en el momento en que resultemos un obstáculo para el sistema, podemos ser cualquiera de nosotros los que nos sentemos en el banquillo con alguien como Murillo juzgándonos por algo que ni siquiera podemos entender. Una vez puesta en marcha esta nueva Laica Inquisición, nadie está a salvo de ser acusado de brujería terrorista.